Más allá de las hipótesis que se han tejido en torno a la telaraña del nombramiento como gestores de paz de ex guerrilleros tan temidos y sanguinarios como “Karina” y “Olivo” es necesario analizar la viabilidad de ejecutar dicha función implementada por el presidente Uribe.
Algunos como León Valencia han dicho que el polémico nombramiento más que ser una estrategia de paz es una táctica de guerra para derrotar a las Farc y además, ensuciar el buen nombre del movimiento de colombianos y colombianas por la paz que ha venido liderando satisfactoriamente Piedad Córdoba.
Otros como Holguín manifiestan que la medida tomada por el gobierno, pese infringir acuerdos a priori que había mencionado el Comisionado de paz Luis Carlos Restrepo (como otorgar beneficios a los guerrilleros que hubieran entregado secuestrados, beneficios que han recibido Karina y Olivo sin entregar ningún secuestrado) es un triunfo para la política de seguridad democrática porque se está trasmitiendo un mensaje fuerte para que todos los guerrilleros de Colombia se desmovilicen teniendo en cuenta las ventajas que han recibido sus ex compañeros combatientes a pesar de todo el daño y sangre que derramaron en distintas regiones del país.
¿Pueden cumplir “Karina” y “Olivo” con la labor designada por el gobierno de llevar a cabo labores de paz? Las probabilidades que debe tener el gobierno deben ser bastantes altas para justificar dichos nombramiento. Por un lado en este momento no hay negociaciones en curso con la guerrilla, por otro la historia se puede repetir y puede suceder lo mismo que con Rodrigo Granda (volvió a la guerrilla y nunca cumplió lo acordado con el gobierno).
Elda Mosquera, alias ‘Karina’ en este momento es un objetivo militar clave para sus ex compañeros de guerra. Ella lo sabe, sin embargo cree que hay una manera de acercarse a los guerrilleros para convencerlos de que la desmovilización es la mejor alternativa para conseguir la paz.
Como están las cosas parece difícil creer que Elda y “Olivo” puedan llevar a cabo las labores de paz designadas por el gobierno. Además, es fundamental que en caso de que pudieran realizar su función como gestores, primero dijeran toda la verdad a la sociedad colombiana. Es el primer paso que deben dar para que su nueva vocación empiece a ser vista como una muestra de seriedad, honestidad y compromiso de paz.
Sin embargo, los hechos o más bien las palabras reflejan que Karina está lejos de dar ese paso fundamental. En una entrevista concedida a El Espectador el día 17 de marzo del año en curso afirmó que después de pertenecer 24 años a las FARC no se consideraba una asesina. Dijo no saber de dónde provenía la fama de bárbara, cruel y sanguinaria que la caracteriza.
Sostuvo entre otras cosas que jamás asesinó a nadie fuera de combate, lo que hace pensar que sólo dio de baja a militares y enemigos que estaban en las mismas condiciones para combatir, es decir armados.
Me gustaría creer que lo que dice Elda Mosquera es verdad. Pero, los testimonios de cientos de familias desmembradas en Urabá y Caldas dicen otra cosa. Sólo en el oriente de Antioquia ya hay más de 400 demandas de víctimas contra ella, y la mayoría son por muertes selectivas y desapariciones.
La ex-guerrilera afirma que sí puede ser gestora de paz porque ya confesó sus crímenes. Sin embargo, en la entrevista mencionada anteriormente cuando le preguntan de cuál crimen se arrepentía. Ella dijo “Yo no cometí ningún crimen en la guerra, todo lo que hice fue en una confrontación de un país en conflicto”.
La masacre de La Chinita, las tomas del corregimiento de Montebonito y de Arboleda dónde murieron un bebe, una mujer embarazada y más de 20 civiles respectivamente. La orden de hacer bajar un campesino de un bus y su familia para castrarlo delante de ella de un tiro ¿no son crímenes?, sino son crímenes, entonces qué son.
La rebelde más importante y cruel de las Farc que azotó durante la última década los departamentos de Antioquia y Caldas, por quien el presidente Uribe ofreció en su momento una recompensa de mil 700 millones de pesos. Aseguró que no tiene impedimento alguno para ser gestora de paz porque ya se perdonó y tiene su conciencia tranquila.
La sociedad colombiana no puede aceptar una gestora de paz que no reconoce sus crímenes de lesa humanidad, que busca resarcir a sus victimas, pero que no reconoce que tipo de acciones violentas cometió contra ellas. ¡Que no nos metan una vez más gato por liebre!
domingo, 29 de marzo de 2009
domingo, 8 de marzo de 2009
Se extraditó la verdad
Más allá de las implicaciones políticas y del logro que significa para la lucha contra el narcotráfico abanderada por E.E.U.U, la extradición de Hébert Veloza, alias H.H es ante todo la despedida que con frustración las víctimas de este paramilitar deberán hacerle a la verdad.
La verdad de saber qué pasó con sus familiares y de conocer el porqué y bajo qué métodos fueron asesinados o desaparecidos sus seres queridos. Pero, sobre se perdió la esperanza de conocer el paradero de miles de cadáveres que podrían poner fin a la tortura de la incertidumbre que han padecido los familiares por meses y años.
Una verdad indispensable se ha extraditado a E.E.U.U. Indispensable no sólo para construir una memoria colectiva que impida que la historia se repita, sino también para otorgar un derecho fundamental, que parece no importarle al estado colombiano, el derecho a la santa sepultura de los asesinados y al conocimiento de lo que pasó con ellos antes y durante de su desaparición.
Una decisión como lo fue extraditar a H.H refleja entre otras cosas que el fenómeno del desaparecimiento forzado no está siendo afrontado adecuadamente. El estado no solo tiene la tarea de identificar miles de cadáveres que se encuentran esparcidos en fosas comunes, ríos y mares de nuestro país, también debe reparar las víctimas en los diferentes ámbitos que se hayan visto afectados.
¿Pero, cómo hacer la documentación de los casos particulares de desapariciones forzadas y masacres como las del Aro si no hay un victimario que pueda contar lo que sucedió?
¿Cómo mitigar el dolor de miles de familias que ni siquiera saben si sus parientes se encuentran vivos o muertos?
¿Cómo dar paz a las víctimas que saben que sus familiares están muertos, pero que desconocen el porqué de su muerte?
¿Cómo restablecer el derecho al buen nombre y a la honra de un asesinado?
¿Cómo empezar a reparar y lograr todo lo anterior cuando ni siquiera se ha podido dar una despedida simbólica y física a los seres queridos desaparecidos?
Se salvaron unos pocos políticos y funcionarios de renombre que podían quedar salpicados con las confesiones de H.H. A cambio de eso miles de familiares perdieron la esperanza y el derecho al esclarecimiento de la verdad.
Publicado en: http://www.elespectador.com/opinion/cartas-de-nuestros-lectores/columna125667-se-extradito-verdad
La verdad de saber qué pasó con sus familiares y de conocer el porqué y bajo qué métodos fueron asesinados o desaparecidos sus seres queridos. Pero, sobre se perdió la esperanza de conocer el paradero de miles de cadáveres que podrían poner fin a la tortura de la incertidumbre que han padecido los familiares por meses y años.
Una verdad indispensable se ha extraditado a E.E.U.U. Indispensable no sólo para construir una memoria colectiva que impida que la historia se repita, sino también para otorgar un derecho fundamental, que parece no importarle al estado colombiano, el derecho a la santa sepultura de los asesinados y al conocimiento de lo que pasó con ellos antes y durante de su desaparición.
Una decisión como lo fue extraditar a H.H refleja entre otras cosas que el fenómeno del desaparecimiento forzado no está siendo afrontado adecuadamente. El estado no solo tiene la tarea de identificar miles de cadáveres que se encuentran esparcidos en fosas comunes, ríos y mares de nuestro país, también debe reparar las víctimas en los diferentes ámbitos que se hayan visto afectados.
¿Pero, cómo hacer la documentación de los casos particulares de desapariciones forzadas y masacres como las del Aro si no hay un victimario que pueda contar lo que sucedió?
¿Cómo mitigar el dolor de miles de familias que ni siquiera saben si sus parientes se encuentran vivos o muertos?
¿Cómo dar paz a las víctimas que saben que sus familiares están muertos, pero que desconocen el porqué de su muerte?
¿Cómo restablecer el derecho al buen nombre y a la honra de un asesinado?
¿Cómo empezar a reparar y lograr todo lo anterior cuando ni siquiera se ha podido dar una despedida simbólica y física a los seres queridos desaparecidos?
Se salvaron unos pocos políticos y funcionarios de renombre que podían quedar salpicados con las confesiones de H.H. A cambio de eso miles de familiares perdieron la esperanza y el derecho al esclarecimiento de la verdad.
Publicado en: http://www.elespectador.com/opinion/cartas-de-nuestros-lectores/columna125667-se-extradito-verdad
miércoles, 4 de marzo de 2009
La sociedad DAS-Orwelliana del siglo XXI
Para el año 2010, el DAS, se planteó como visión, “posicionarse ante la Presidencia de la República, demás instituciones del Estado y la opinión pública, como el organismo élite que salvaguarda los más altos intereses del Estado por su condición de máximo servicio de inteligencia estatal y su función de investigación criminal de delitos que amenacen su existencia y estabilidad”.
Sin embargo, por los recientes escándalos de las interceptaciones ilegales a dirigentes sindicales, a la oposición, a la prensa, a la Corte Suprema de Justicia, y a algunos funcionarios del círculo de trabajo del presidente Uribe, más que ser una visión, puede llegar a convertirse en una misión imposible. Titánico deberá ser el esfuerzo si se quiere restablecer en menos de un año la legitimidad de este organismo adscrito a la Presidencia de la República frente a las otras instituciones del Estado y los ciudadanos.
Lejos de llegar a cumplir ese objetivo, el DAS cada vez está más cerca de convertirse en una figura omnipresente que George Orwell denominó en su novela ficticia (1984): El Gran Hermano. Un Big Brother que no sólo trabaja en pro de la defensa esos intereses estatales.
Las últimas noticias se han encargado de recordarnos que el DAS es un órgano capaz de permeabilizarlo y vigilarlo todo cada vez más severamente. Nos recuerdan, también que según registros periodísticos recientes éste ha abusado repetitivamente del poder que se le fue otorgado mediante Decreto 1717 del 18 de julio de 1960.
Pero, detrás de este órgano que se ha hecho superior por sus facultades de control e invasión, existe una especie de mano invisible. El ex presidente Gaviria llama a esta mano: “mafia criminal”.
Una mafia criminal, aún encubierta que ha hecho del DAS un mercado negro dónde la gran mercancía es la información, esta última al parecer se vende indiscriminadamente al mejor postor. Este negocio -al mismo tiempo político y económico- deja en grave riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de libertad que deberían tener los ciudadanos.
Más allá de los debates, las controversias y las mil y una hipótesis que se puedan originar con respecto al origen de la “mafia criminal” que se tomó el DAS -desde hace ya algún tiempo (2005 con el caso Noguera)-. Es necesario despertar y actuar para evitar adentrarnos más en una pesadilla de sociedad orwelliana contemporánea cada vez más represiva y paranoica, ya no ficticia como en la novela, sino real en dónde el simple hecho de pensar signifique la muerte de la libertad y la intimidad.
“Pensar no acarrea la muerte. Es la muerte”.
Ana María Cubillos Sarmiento.
Sin embargo, por los recientes escándalos de las interceptaciones ilegales a dirigentes sindicales, a la oposición, a la prensa, a la Corte Suprema de Justicia, y a algunos funcionarios del círculo de trabajo del presidente Uribe, más que ser una visión, puede llegar a convertirse en una misión imposible. Titánico deberá ser el esfuerzo si se quiere restablecer en menos de un año la legitimidad de este organismo adscrito a la Presidencia de la República frente a las otras instituciones del Estado y los ciudadanos.
Lejos de llegar a cumplir ese objetivo, el DAS cada vez está más cerca de convertirse en una figura omnipresente que George Orwell denominó en su novela ficticia (1984): El Gran Hermano. Un Big Brother que no sólo trabaja en pro de la defensa esos intereses estatales.
Las últimas noticias se han encargado de recordarnos que el DAS es un órgano capaz de permeabilizarlo y vigilarlo todo cada vez más severamente. Nos recuerdan, también que según registros periodísticos recientes éste ha abusado repetitivamente del poder que se le fue otorgado mediante Decreto 1717 del 18 de julio de 1960.
Pero, detrás de este órgano que se ha hecho superior por sus facultades de control e invasión, existe una especie de mano invisible. El ex presidente Gaviria llama a esta mano: “mafia criminal”.
Una mafia criminal, aún encubierta que ha hecho del DAS un mercado negro dónde la gran mercancía es la información, esta última al parecer se vende indiscriminadamente al mejor postor. Este negocio -al mismo tiempo político y económico- deja en grave riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de libertad que deberían tener los ciudadanos.
Más allá de los debates, las controversias y las mil y una hipótesis que se puedan originar con respecto al origen de la “mafia criminal” que se tomó el DAS -desde hace ya algún tiempo (2005 con el caso Noguera)-. Es necesario despertar y actuar para evitar adentrarnos más en una pesadilla de sociedad orwelliana contemporánea cada vez más represiva y paranoica, ya no ficticia como en la novela, sino real en dónde el simple hecho de pensar signifique la muerte de la libertad y la intimidad.
“Pensar no acarrea la muerte. Es la muerte”.
Ana María Cubillos Sarmiento.
lunes, 2 de marzo de 2009
El doble filo de la dosis personal
Hasta la fecha y luego de casi un siglo de lucha estatal represiva contra el uso ilegal de algunas sustancias, estados como el colombiano por ejemplo, siguen insistiendo en implementar una política errónea que criminalice el uso y demás actividades relacionadas con el consumo de sustancias como la marihuana.
El proyecto de ley que el presidente Uribe pretende aprobar el 16 de marzo del año en curso para eliminar la dosis mínima, demuestra la forma equivoca en que el gobierno sigue tratando el problema de las drogas en nuestro país. Pese, a que son muchas las personalidades que han reconocido el fracaso de estas políticas represivas, el gobierno sigue tercamente empecinado en lograr a toda costa el objetivo que Uribe desde su primer mandato se propuso: penalizar el consumo de la dosis personal.
Proyectos como el anterior demuestran que en pleno siglo XXI seguimos adentrados en una sociedad férreamente conservadora que tiene arraigadas muchas costumbres católicas de antaño. Más allá de lo que pueda implicar la influencia de las creencias religiosas y morales en este tipo de debates sobre la legalización o no de las droga. Es necesario reflexionar sobre la funcionalidad y las implicaciones del proyecto de ley que posiblemente y para desgracia de muchos se puede hacer realidad en caso de que el congreso la llegase a aprobar.
Digo para desgracia de muchos, por qué al parecer los tribunales que se podrían implementar a raíz del proyecto de ley mencionado, no tendrían distinción alguna entre un adicto, un vendedor de las mismas o una persona común y corriente que porte una dosis personal. De hecho, este último así no sea dependiente de sustancias psicoactivas blandas o duras, será tratado como enfermo, desadaptado y hasta criminal. Por ende, deberá pagar una sanción, podrá ser privado temporalmente de su libertad y además tendrá una asesoría psicológica y porqué no hasta psiquiátrica.
Hasta dónde podría llegar la represión individual en caso de que se apruebe esta ley de doble filo, que por un lado se exhibe como una supuesta garante para iniciar una normatividad con respecto a políticas de salud pública, pero por otro podría terminar siendo una trampa para arrebatar los pocos derechos y libertades que nos garantiza la constitución. ¡No nos dejemos confundir!
El proyecto de ley que el presidente Uribe pretende aprobar el 16 de marzo del año en curso para eliminar la dosis mínima, demuestra la forma equivoca en que el gobierno sigue tratando el problema de las drogas en nuestro país. Pese, a que son muchas las personalidades que han reconocido el fracaso de estas políticas represivas, el gobierno sigue tercamente empecinado en lograr a toda costa el objetivo que Uribe desde su primer mandato se propuso: penalizar el consumo de la dosis personal.
Proyectos como el anterior demuestran que en pleno siglo XXI seguimos adentrados en una sociedad férreamente conservadora que tiene arraigadas muchas costumbres católicas de antaño. Más allá de lo que pueda implicar la influencia de las creencias religiosas y morales en este tipo de debates sobre la legalización o no de las droga. Es necesario reflexionar sobre la funcionalidad y las implicaciones del proyecto de ley que posiblemente y para desgracia de muchos se puede hacer realidad en caso de que el congreso la llegase a aprobar.
Digo para desgracia de muchos, por qué al parecer los tribunales que se podrían implementar a raíz del proyecto de ley mencionado, no tendrían distinción alguna entre un adicto, un vendedor de las mismas o una persona común y corriente que porte una dosis personal. De hecho, este último así no sea dependiente de sustancias psicoactivas blandas o duras, será tratado como enfermo, desadaptado y hasta criminal. Por ende, deberá pagar una sanción, podrá ser privado temporalmente de su libertad y además tendrá una asesoría psicológica y porqué no hasta psiquiátrica.
Hasta dónde podría llegar la represión individual en caso de que se apruebe esta ley de doble filo, que por un lado se exhibe como una supuesta garante para iniciar una normatividad con respecto a políticas de salud pública, pero por otro podría terminar siendo una trampa para arrebatar los pocos derechos y libertades que nos garantiza la constitución. ¡No nos dejemos confundir!
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